Una productora tabacalera fue despedida en 2014, con un embarazo de casi 5 meses. Inició un juicio laboral y lo ganó, pero el ex empleador le inició un nuevo juicio. Usó un pagaré con la firma falsificada de la trabajadora y logró el embargo de la indemnización laboral, además de otros fondos. La mujer no pudo disponer de su dinero durante un año y medio. Con un diagnóstico comprobado de estrés postraumático, depresión y ansiedad generalizada, inició un juicio civil por daño moral, reclamando $2.000.000.

En primera instancia obtuvo un fallo favorable, aunque la Cámara de Apelaciones de Goya redujo el monto, vinculando la indemnización al valor del pagaré falsificado.

La Corte Provincial revocó esa sentencia. Hizo hincapié en dos informes técnicos fundamentales: por un lado la pericia caligráfica (que concluyó que la firma no correspondía a la trabajadora), y por otro, los certificados médicos que acreditaban las patologías descriptas por la mujer.

Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia consideraron arbitrario y absurdo relacionar el daño moral al monto del pagaré. La sentencia N°38/25 restableció el valor de la sentencia original: $2 millones más los intereses calculados desde el hecho, y las costas del juicio a cargo del demandado, O.Z..

El doctor Guillermo Horacio Semhan, autor del primer voto, expresó que resultaba “inaudito” que se hubiera reducido la indemnización con el argumento de que la misma sería “excesiva para compensar el daño infringido”. Enfatizó la magnitud del sufrimiento causado por los hechos: la productora  fue sometida a juicio en base a un documento falso y se dispuso la indisponibilidad de fondos debido a medidas cautelares.

Por su parte, el ministro doctor Eduardo Panseri, recordó su postura en torno a las mayorías necesarias de los cuerpos colegiados. Y señaló que las Cámaras de Apelaciones deben constituirse con al menos dos de sus miembros para que el pronunciamiento fuera válido.

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