El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 3 ordenó a la obra social de la provincia la afiliación inmediata de un niño prematuro internado desde su nacimiento, en enero pasado. Dispuso la cobertura médica integral y declaró que el trato que recibió su madre constituyó violencia institucional. Fijó una multa de un millón de pesos por cada día de incumplimiento de la medida establecida.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 1 de Goya rechazó la nulidad de un reconocimiento de paternidad iniciado por un hombre que, años después y tras una prueba genética negativa, buscó dejar sin efecto el vínculo. La jueza sostuvo que no era la vía adecuada y que admitir el planteo en estas circunstancias implicaría transformar la filiación en un vínculo inestable, sujeto a revisiones posteriores.
La Corte Provincial confirmó la responsabilidad de un banco en el caso de una mujer que tomó un préstamo como resultado de una estafa digital. Aunque la entidad arguyó que la víctima brindó la información necesaria para que se concretara el delito, la Corte Provincial lo desestimó al tener en cuenta su edad y contexto tecnológico.
La Corte Provincial confirmó la responsabilidad concurrente del 10% del Municipio de Paso de los Libres por un siniestro vial ocurrido al finalizar un evento bailable por el “Día del Amigo”. El máximo Tribunal consideró acreditado que el servicio de seguridad vial dispuesto en la zona semi urbanizada fue irregular.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°5 impulsó de oficio la adopción plena de una nena que requería tratamiento médico para garantizar el derecho al cuidado y la salud de una niña, frente a la dilación de una obra social que exigía a su cuidadora un vínculo filial formal.
El Juzgado Civil y Comercial n.° 9 dispuso el cese inmediato de la difusión de imágenes y publicaciones vinculadas a una persona fallecida, al considerar que su circulación vulnera la protección de derechos personalísimos.
Separado de su pareja, P. se enteró de que padecía una enfermedad terminal. En un audio a su abogado, certificado luego ante un escribano, le pidió protegerla. Tras su muerte, el hermano intentó excluir a la viuda de la herencia. La Corte Provincial, por mayoría, tuvo en cuenta la voluntad de reconciliación y cuidado del fallecido hacia su esposa, y rechazó el planteo.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó que la Municipalidad de Empedrado deberá tomar medidas para evitar que una vecina continúe sufriendo molestias excesivas provenientes de una cancha de fútbol ubicada a pocos metros de su casa.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá determinó que el monotributo no constituía un parámetro vinculante ni excluyente para fijar la cuota alimentaria. Lo que se toma en cuenta es el nivel de vida para determinar su capacidad de ahorro, señaló su titular.
Un repositor fue despedido por WhatsApp, sin previo aviso ni causa iniciada. Tras una pericia informática, el Juzgado Laboral Nº 2 validó ese mensaje como medio de notificación formal. Y condenó a la empresa a pagar una indemnización porque la desvinculación fue injustificada.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 restableció la asistencia de una niña internada en un hospital a la mamá y su red de apoyo, y excluyó a su ex pareja, con denuncias por violencia de género. La medida se funda en el cuidado como un derecho humano autónomo, con base en la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Provincial confirmó que la venta de celulares a través de agencias oficiales no constituye la actividad específica de una empresa de telecomunicaciones. Rechazó de ese modo la pretensión de una trabajadora de extender la responsabilidad solidaria a la firma principal en una causa por indemnización laboral.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Esquina ordenó inmunizar a una niña recién nacida cuyos padres se oponían. Destacó que la no vacunación la exponía a contagios graves y debilitaba el sistema de protección sanitaria a la comunidad.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 de Goya declaró la adoptabilidad de M. porque la patología psíquica de su madre volvió inviable su protección. “El amor no alcanza cuando no se puede traducir en cuidados” señaló la jueza, quien solicitó fortalecer políticas conjuntas de todos los sectores y estamentos para abordar la creciente problemática de salud mental.
Un supermercado acusó a un trabajador de retirar productos sin pagar y lo despidió por ese motivo. Como prueba, llevó a la justicia un video acompañado de un acta notarial que daba fe de la supuesta secuencia de los hechos. El Juzgado Laboral n° 2 advirtió que no había certezas sobre la rigurosidad técnica obligatoria en la cadena de custodia de la prueba digital. Condenó a la empresa a indemnizar al empleado.
La Corte Provincial rechazó una demanda por daños y perjuicios contra un médico pediatra tras el fallecimiento de un niño en Curuzú Cuatiá. Consideró que el profesional cumplió con su deber al brindar asistencia, control y derivación a un centro de mayor complejidad. El médico no puede garantizar la curación en todos los casos, aseguró.
El Juzgado Laboral n°2 sancionó a un banco a pagar $1,47 millones por ignorar en forma sistemática una orden de embargo destinada al pago de honorarios profesionales. Además, responsabilizó al gerente de la sucursal por no haber informado quién debía cumplir la decisión.
La Corte Provincial confirmó la validez de la capitalización de intereses en un juicio laboral por indemnización que resultó favorable al trabajador. La excepcionalidad de la regla opera en el caso regulado por el artículo 770 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación.
La Corte Provincial confirmó la condena a dos años de prisión a un hombre que colocó un dispositivo para clonar datos de las tarjetas de débito en un cajero automático. Su defensa argumentó que la estafa informática no se había consumado. Los Ministros indicaron que la conducta denotaba voluntad delictiva.
Tras ser víctima de pishing, M. obtuvo un fallo favorable en una demanda por daños y perjuicios contra un banco. La Corte Provincial aseguró que la entidad no garantizó la seguridad en las operaciones digitales y destacó la posición vulnerable de la mujer, en tanto consumidora. Cuestionó que se le trasladara la responsabilidad a ésta sin aportar pruebas y condenó a la institución a pagar $ 1.871.994, más intereses.