El fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo; el procurador general de la Provincia del Chaco, doctor Jorge Omar Canteros; y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (PBA), doctor Julio Marcel Conte-Grand, participaron hoy de una jornada regional sobre seguridad rural y coincidieron en que en el combate de este tipo de delito rural los ministerios públicos son tan importantes como la prevención de las fuerzas del orden, los presupuestos disponibles de cada estado provincial para estas y para el servicio de justicia y el compromiso de los propios ruralistas para denunciar los hechos y colaborar con las investigaciones.

La jornada –organizada por el Foro de Seguridad Rural Argentino– tuvo lugar en el predio de Ruta 12, kilómetro 1016, de la Sociedad Rural de Corrientes y además de los jefes de los ministerios públicos contó con la participación del ministro de Seguridad de Corrientes, doctor Buenaventura Duarte, productores y dirigentes del sector de Chaco y Corrientes.

Para el doctor Sotelo, “no hay que distinguir entre delitos urbanos y delitos rurales, por más que se distingan, porque Argentina toda es víctima del crecimiento del delito”, dijo, y advirtió no solo que los reclamos de ruralistas son “absolutamente legítimos” sino también que hay tres funciones a las que el estado no puede renunciar “así vengan Adam Smith o Cristo, que son la educación, la salud y la seguridad”.

“Para algunos el campo es de los que tienen, pero el campo es de todos. Hay que respetar la propiedad privada y sobre todo hay que respetar a aquella gente que paga impuestos para que el estado se los devuelva en servicios”, añadió el jefe del Ministerio Público.

Y en ese sentido, explicó el “remedio” que tiene Corrientes para enfrentar esta modalidad delictiva, que son las fiscalías especializadas en delitos rurales y ambientales, que por ahora son tres de las once que creó la ley en 2006. “Lo que los fondos públicos nos permitan, lo vamos a ir instalando, porque no es solo el presidente el que no tiene plata. No hay plata para cualquiera. Pero nos tenemos que amañar, sobre todo lo que estamos en la función pública y responder a las demandas de la sociedad”.

El jefe del Ministerio Público Fiscal del Chaco, a su vez, contó una situación similar y dijo que mientras bregan por más fiscalías temáticas, adoptó decisiones para que las dos fiscalías rurales y ambientales que lograron poner en funciones –Segunda y Quinta Circunscripción Judicial– se dividan el territorio de la vecina provincia y así garantizar su jurisdicción.

Sobre el abigeato, uno de los principales delitos rurales, dijo Canteros: “Son bandas criminales, no es robo famélico, y muchas veces actúan con complicidad de funcionarios políticos”, alertó.

El doctor Conte-Grand, en tanto, describió cómo trabaja la PBA con fiscalías o ayudantías fiscales en los 20 departamentos judiciales, algunas de ellas especializadas pero no solo en delito rural, dado que también le demandan fiscalías de narcomenudeo, violencia de género o delitos en espectáculos deportivos, entre otros. Y, además, la capacitación de los fiscales. “Nuestros fiscales necesitan capacitación, nuestros empleados y funcionarios necesitan capacitación. La capacitación implica el conocimiento de la realidad sobre la que van a trabajar”, remarcó.