Tras la solicitud de instrucciones que la UFIC (Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas) de Goya hiciera a la Fiscalía General del Poder Judicial en el marco del juicio por estafa y otros delitos que se lleva adelante contra Leonardo Nelson Cositorto y otros cinco imputados, su titular, doctor César Sotelo, sugirió continuar con ese proceso “por razones de interés público” y dada la gravedad de los delitos que se juzgan.

“Estamos en presencia de un caso grave que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial (…) no puede perderse de vista que también se les recrimina a los imputados la comisión de asociación ilícita, en diferentes roles”, señala la Resolución del Fiscal General.

La resolución sostiene que la intervención del Ministerio Público, en su calidad de órgano estatal encargado de velar por la defensa de la legalidad y de los intereses generales la sociedad justifican, sobremanera, esta decisión. “(…) Se encuentra habilitado para plantear cierta clase de pretensiones, peticiones u oposiciones , en casos en los que el interés social aconseja no supeditar tales planteos a la iniciativa privada”, indica el dictamen.

En virtud de esta postura del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público es que los fiscales de la causa conocida como “Generación Zoe”, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, decidieron no avanzar con un acuerdo de reparación económica para las víctimas, tal como proponía el principal imputado.

Ver Resolución del Fiscal General