El fiscal general del Poder Judicial, doctor César Sotelo, firmó este viernes una instrucción que exige a la Policía de la Provincia –en su calidad de auxiliar principal y permanente de la administración de justicia– constreñirse a los deberes y obligaciones que le impone el nuevo Código Procesal Penal en cuanto a la recolección de evidencias ante la comisión de un delito, siempre bajo la dirección del fiscal como único promotor de la acción penal.

Se trata de la Instrucción General n.° 51, a través de la cual la máxima autoridad del Ministerio Público dispuso advertir sobre la inobservancia de ciertos imperativos de la nueva norma por parte de la fuerza de seguridad y cómo corregirla para evitar la impunidad de los delitos. Para ello, aprueba el “Protocolo para la Actuación Coordinada de las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal en la Investigación de Delitos”.

La manda del Fiscal General, entre otros puntos, considera imperioso “brindar pautas claras y de organización de la labor entre la policía y las unidades fiscales en la gestión de la investigación de los delitos de acción pública y generar relaciones de coordinación y mecanismos de comunicación e interacción más eficientes entre estos, para alcanzar la mayor eficacia de la investigación”.

Para garantizar la aplicación de esta directiva, se encomendó al jefe de la Policía de Corrientes que efectúe las acciones necesarias para que todas las comisarías de la provincia la implementen de inmediato, y en el mismo sentido se instruyó a los fiscales de las cinco circunscripciones judiciales.

Ver Instrucción General n.° 51