El fiscal general del Poder Judicial, doctor César Sotelo, junto a las integrantes de la Relatoría Penal encabezadas por la secretaria letrada de la Fiscalía General, doctora Rita Pernizza, mantuvieron hoy una reunión con el jefe y subjefe de la Policía de la Provincia, comisarios generales Miguel Ángel Leguizamón y Walter Aceval, respectivamente, con el fin de reajustar aspectos esenciales en la relación entre la fuerza –como auxiliar del servicio de justicia– y el Ministerio Público Fiscal.

La máxima autoridad del Ministerio Público les dijo a los mandos policiales, que a su vez estuvieron acompañados por los jefes de distintas direcciones de la Policía de Corrientes, que la reunión se hizo porque “le encanta el intercambio” y está seguro de que “se podrá avanzar en la mejora de la relación porque están las herramientas y también el factor humano, que es fundamental”, señaló.

En este sentido, les adelantó que la Fiscalía General dictará en breve una instrucción general destinada a protocolizar la recolección y gestión de evidencias, una de las tareas esenciales de la policía apenas ocurre un hecho delictivo. Este protocolo deberá ser implementado de inmediato por los fiscales de toda la provincia y, desde luego, por sus auxiliares más importantes, los miembros de la fuerza de seguridad.

Con el cambio de paradigma procesal, de un sistema a uno acusatorio adversarial, el fiscal es quien imparte instrucciones y directivas a la policía para investigar un delito. Sin embargo, y eso se puntualizó durante el encuentro, el rol de la policía –con sus deberes y obligaciones– no varió.

Por ello, el fiscal general consideró necesario brindar “pautas claras” en la relación entre las unidades fiscales y la policía, al investigar delitos de acción pública. Su objetivo: coordinar ese vínculo para alcanzar la mayor eficacia de la investigación.

Además, la doctora María Yerutí Rueda Cángaro coordinadora de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Capital mostró a los presentes los avances en el software propio del Ministerio Público que se desarrolla junto a la Dirección de Informática del Poder Judicial y que permitirá a la policía agilizar la comunicación y gestión de sus actuaciones a partir de las cuales trabajarán las unidades fiscales.