31 agosto, 2020 -
Adoptan un protocolo unificado nacional para levantar y conservar la evidencia
Es otra medida que acompaña el rol preponderante que tiene el Fiscal en el nuevo Código Procesal Penal. La recolección de evidencia y correcta rotulación y custodia es trascendental para la correcta investigación de un hecho delictivo.
La Fiscalía General del Poder Judicial de Corrientes, máxima autoridad del Ministerio Público de la Provincia, dictó el pasado jueves la Resolución N.° 22, por medio de la cual aprobó el “Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina – Guía para el levantamiento y conservación de la evidencia”, a la vez que recomienda a todos sus miembros su aplicación en la investigación de todos los hechos llegados a su conocimiento.
Con firma del Fiscal General, doctor César Sotelo, la resolución también aprueba un formulario que debe ser utilizado por el Ministerio Público Fiscal de toda la provincia en la gestión de casos en los que intervenga a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP).
La recolección de evidencia es trascendental para la correcta investigación de un hecho delictivo, ya que resulta necesaria para determinar qué, cuándo y cómo sucedió, y eventualmente quién fue su autor. Los elementos secuestrados deben ser descriptos e inventariados (rotulados) y quedan bajo custodia del fiscal, que es el responsable de establecer una cadena de custodia para resguardar su identidad, estado y conservación.
Para ello, se debe llevar un registro de las personas que tomen contacto con esos objetos y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el resguardo, tal como manda el artículo 165 del nuevo CPP de Corrientes
El cambio hacia un modelo adversarial exige mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos a cargo del Ministerio Público Fiscal y resulta de vital importancia la interacción con las distintas disciplinas científicas, así como la estandarización de los procesos que se lleven a cabo, lo que permite a su transparencia y publicidad.
Este Protocolo surgió como iniciativa del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, integrado desde 2008 por el Fiscal General de Corrientes, doctor César Sotelo, a partir del impulso que se le dio a la creación e instalación de una red de Laboratorios Regionales Forenses de Alta Complejidad, dotados de tecnología sofisticada y técnicos especializados.
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