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- SEGUIMIENTO Y CONTRALOR

Juzgado y Servicio Penitenciario evalúan aplicación del sistema de vigilancia electrónica

El Juzgado de Ejecución de Condena y el Servicio Penitenciario analizaron la marcha del sistema de vigilancia electrónica, coincidiendo en la necesidad de una eficaz comprobación y evaluación de la situación de los internos que se incorporan al mismo.

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La reunión de trabajo tuvo lugar en el Juzgado de Ejecución de Condenas de Capital, con la participación de su titular, doctora María Teresa Zacarías; la Fiscal de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Tutelares, doctora Patricia Mariela Armendía; y por parte del Servicio Penitenciario el Sub Jefe Inspector General Rubén Roque Romero; la Directora General de Técnica Penitenciaria y Criminología; el Alcaide Mayor Ana María Canteros; el encargado del Centro de Monitoreo de Personas bajo Vigilancia Electrónica Adjutor Leonardo De los Reyes; la asistente Social Analía Itatí Dell Orto, y el operador en psicología social Subadjutor Germán Vallejos.

El encuentro permitió evaluar e intercambiar información sobre el seguimiento y contralor que se viene cumpliendo en individuos incorporados al sistema de vigilancia electrónica.

Los sujetos que acceden a este sistema están privadas de libertad bajo la alternativa de prisión domiciliaria, o en un establecimiento carcelario pero incorporados al régimen de salidas transitorias; en el segundo de los casos provistos con tobilleras electrónicas con GPS.

Desde ambas instituciones se coincidió en la necesidad  de una eficaz comprobación y evaluación de la situación de los internos que se incorporan al sistema, tanto en los aspectos individuales -referidos a su situación criminológica, psicológica, educativa laboral, familiar, entorno social en el que se insertarán etc.-, como de los aspectos estrictamente técnicos.

También se concordó en la necesidad de un seguimiento y acompañamiento psico-social que permita la continuidad del proceso de reinserción social de manera adecuada y ajustada a las normas legales.

El oficial De los Reyes describió el modo en que el área a su cargo realizaba la inspección de las posibilidades técnicas de colocación del dispositivo, verificando que tuviera buen estado de instalación eléctrica, conectividad celular y paquete de datos. En el caso de dispositivos con GPS que tuviera conectividad con el satélite; también el modo en que se realizaba el monitoreo una vez colocada la tobillera, y la coordinación e intercambio de información que se da con el centro de monitoreo de Capital Federal.

Otro punto en el que estuvieron de acuerdo fue la necesidad de contar con toda la información antes de colocar el dispositivo y ponerlo en funcionamiento, coordinándose durante la reunión mecanismos para tal fin y formas de cooperación para mejorar la aplicación del nuevo sistema, tanto en la capital de la Provincia como en localidades del interior u otras provincias.

Por parte de las autoridades judiciales se advirtió la necesidad de que el Centro de Monitoreo del Servicio Penitenciario contara con la disposición continua e inmediata de automotor a fin de realizar las constataciones necesarias en forma oportuna y eficiente cada vez que resulte necesario, efectuándose recomendación en tal sentido.

Y se comprometieron a realizar gestiones ante el Superior Tribunal de Justicia para contar con un rodado alternativo del Poder Judicial, ya que esa inquietud había sido expuesta a un ministro de la Corte Provincial.

También se consideró la conveniencia de la intervención de asistentes sociales al momento de detectarse  alarmas, a fin de evaluar la situación integral en que se produce, y no solamente desde el aspecto técnico, lo cual permitirá la adopción de las medidas que correspondan en cada caso.

La Provincia de Corrientes adhirió al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, siendo el organismo ejecutor el Servicio Penitenciario Provincial; instrumentándose como una herramienta de auxilio para el Poder Judicial.

Es el Juzgado el que dispondrá su uso si el caso, la persona y el lugar en que permanecerá se encuentran en condiciones favorables para la aplicación del mecanismo. La colocación de las pulseras no es de aplicación ni instantánea ni masiva, requiere una evaluación en cada caso en particular. 

Por su parte, el Ministerio de Seguridad, por medio del Servicio Penitenciario, le corresponde supervisar el correcto funcionamiento del mecanismo e informar al Juez cuando se comprueba la alteración del normal funcionamiento del sistema.

 

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