29 noviembre, 2021 - RIGE EL 1° DE DICIEMBRE

El nuevo Código Procesal Civil y Comercial pone el eje en los sujetos en condición de vulnerabilidad

El Superior Tribunal de Justicia llevó adelante el acto de implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, Ley N° 6556, que regirá en toda la provincia desde el 1° de diciembre próximo. Se resaltó el profundo cambio que la norma implica para la sociedad ya que se establece un vínculo directo entre el juez y el justiciable en las audiencias orales; se protegen los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad, se digitalizan las presentaciones y se apela al lenguaje claro.

La Corte Provincial pondrá en funcionamiento el miércoles 1° en las cinco circunscripciones la Ley N° 6556, calificada en el acto de hoy como un hito histórico para la vida de las personas.

La norma, que contiene 750 artículos, constituye un cambio profundo que revitaliza el proceso civil y comercial y normativiza sus principios. Su objetivo es alcanzar la efectividad de los derechos sustanciales, observando el bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.

Es calificada de trascendental ya que pone el foco en el protagonismo de los sujetos que demandan el servicio de justicia; la protección de los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales; la continuidad de las audiencias orales; el contacto entre el juez y las personas; los procesos judiciales sujetos a plazos razonables; y el uso obligatorio del lenguaje claro y sencillo.

También porque fortalece los métodos alternativos de resolución de conflictos; otorga mayor publicidad de la información; y suma a Forum como una de las herramientas tecnológicas que permitirá la presentación digital de escritos de profesionales y auxiliares de Justicia.

Al acto, realizado en el salón auditorio del edificio de Tribunales concurrieron magistrados y funcionarios del Poder Judicial; ministros nacionales y provinciales, conectados de modo virtual y presencial, aunque en número reducido por las restricciones sanitarias.

“Apostar a la flexibilidad de las normas”

La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) doctora María del Carmen Battaini aseguró que Corrientes era “un ejemplo en materia de acceso a justicia” y que además del doctor Fernando Augusto Niz, quien preside la Comisión del mismo nombre en la entidad, todos los Ministros del STJ trabajan en el idéntico sentido.

Sostuvo que la Ley N° 6556 constituía “un código de procedimiento de avanzada, que regulaba todo lo que los jueces han venido recogiendo como experiencia a lo largo de estos años” y destacó no sólo su base jurídica sino ética. Agregó que la normativa “apostaba a flexibilidad de las formas, a la tecnología inteligente, y colocaba una impronta muy fuerte en las personas y en infraestructura”.  

Expresó sus felicitaciones por la ley y auguró que “debía recibir todo el empuje para que diera los frutos que se merecía” y en especial, valoró la protección de las personas en estado de vulnerabilidad que se plasmó en la normativa.

“Logro histórico”

El Ministro doctor Fernando Augusto Niz, uno de los supervisores designados por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación, calificó de “logro histórico” este instrumento que es garante del ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Subrayó la extraordinaria la labor de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial que de manera democrática participaron de capacitaciones previas y ofrecieron soluciones a situaciones que se presentan a diario, además de demostrar su vocación de servicio, y su convicción en el valor justicia.

Se refirió así a una serie de encuentros planificados que se extendieron desde septiembre a noviembre al que asistieron activamente también integrantes de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Mediación, organismos que concluyeron que este cuerpo normativo “aseguraba la protección de derechos sustanciales y garantizaba la tutela efectiva”.

Y enfatizó la importancia de los métodos alternativos de resolución de conflictos, la labor de los Facilitadores Judiciales de la OEA, la experiencia positiva de los Centros Judiciales de Mediación, los jueces de Paz y la Inspectoría de Justicia de Paz, que hace años aplican abordajes interdisciplinarios y se dedican especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

“Avance de calidad”

El doctor Guillermo Horacio Semhan, también supervisor designado por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación de la norma, afirmó: “No se trata de un retoque, es un cambio profundo que revitaliza el proceso” y permite un “gran avance en la calidad de los procesos”.

Destacó la libre adaptabilidad de las formas y la normativización del proceso por audiencias; y enfatizó que la Ley N° 6556 apostaba al bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y los tiempos razonables.

“A partir del 1° de diciembre los 33 jueces de primera instancia, los 18 jueces de segunda instancia y los 21 jueces de paz totalizando y todos los abogados de la matricula ingresan al proceso judicial de juicios por audiencias, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los correntinos”.

“Responder a las exigencias del ciudadano común”

El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, auguró éxitos a los operadores judiciales que lo pondrán en práctica a partir de este miércoles, porque, dijo, es una modernización “histórica que nos hará sentir orgullosos a todos”.

Puso de manifiesto que en estos dos años, más allá de la pandemia, el servicio de justicia “progresó y se modernizó de acuerdo a las exigencias”. “¿Las exigencias de quién”?, se preguntó: “Las del ciudadano común, centro de todas nuestras políticas”, dijo el Fiscal General. Y resaltó, entre las bondades de este nuevo código, la garantía del “acceso a justicia para los más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y, los que lamentablemente son cada vez más, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza”.

“Ejemplo de cooperación entre Poderes del Estado”

Al cierre del acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, remarcó la idea originaria de la Corte Provincial de actualización y readecuación de todas las normas procesales.

“Me consta y se del trabajo denodado de los operadores del Poder Judicial, labor que luego se fue convirtiendo en anteproyectos, que ampliaron la mirada con Comisiones de Trabajo y pulieron la letra de lo que fue enviado al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.

“Y concretarlo es un ejemplo de cooperación de Poderes del Estado, tenemos en esta provincia un objetivo común: mejorar la calidad de vida del ciudadano, y esto demuestra a través del trabajo mancomunado”, afirmó.

Ratificó las bondades ya señaladas de la normativa y auguró que los cambios serán positivos.

Comisión de Implementación

El equipo de Implementación y Seguimiento se integra con los doctores Mirta Graciela Allende, María Andrea Ferreira y Edgar Parras, junto a profesionales de las áreas de la Dirección General de Informática, Dirección General de Administración y Dirección de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial.


En el caso del Ministerio Público, el Fiscal General designó a las doctoras Rita Graciela Pernizza, Gilda Ileana Gutiérrez y Julia Elena López Ruiz.

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