31 marzo, 2021 - TRIBUNAL DE JUICIO DE GOYA

Aplican perspectiva reformista en concordancia a los lineamientos del Nuevo Código Procesal Penal

Se trató de un Incidente de Libertad a favor de un condenado que se encontraba detenido a la espera de una nueva audiencia a los fines de determinación de la pena a imponer por la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado.

El Tribunal de Juicio de Goya, integrado por los doctores Joaquín Jorge Sebastián Romero, como presidente y Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte, como vocales, aplicó una perspectiva reformista en concordancia a los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal que rige en esa II Circunscripción desde el 1° de marzo de este año.

El objetivo fue brindar una respuesta rápida a un pedido de libertad realizado por la defensa oficial.

En este marco, hizo lugar, al planteo del doctor Fernando Buffil y ordenó la inmediata libertad de un condenado por tentativa de homicidio calificado que espera por una nueva audiencia de cesura a los fines de determinación de la pena a imponer.

El hombre que obtuvo su libertad fijó su domicilio en San Roque y no lo podrá cambiar sin dar aviso al tribunal.

Además deberá presentarse semanalmente ante la autoridad policial más cercana y remitir vía whatsapp la constancia a la oficina judicial. 

Tampoco puede salir de la localidad donde reside sin previa autorización.

El querellante fue el doctor Mariano Davila y en representación del Ministerio Público Fiscal intervino el doctor Guillermo Rubén Barry.

La audiencia de sustitución de medida de coerción fue video grabada mediante sistema INVENIET.

El decisorio

El defensor oficial, entre sus argumentos sostuvo la ausencia de riesgos procesales concretos atento a las alternativas que ofreció para neutralizar el riesgo de fuga.

El Tribunal, en sus considerandos, afirmó que la querella no atacó concretamente los riesgos cautelares y no explicitó las razones de por qué tan gravosa medida de prisión debía mantenerse.

“… no bastando los enunciados genéricos para su oposición. Así es que, teniendo presente que la implementación de las políticas criminales y reformas legales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de inseguridad ciudadana, constituyen uno de los principales factores que inciden en el uso no excepcional de la prisión preventiva”, sostuvo el Tribunal.

Además los jueces explicaron que no existe evidencia empírica que demuestre que las políticas que se sustentan en mayores restricciones al derecho a la libertad personal, tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia, o resuelvan en un sentido más amplio los problemas de seguridad ciudadana.

 

 

 

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