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31/10/2008 - RESPUESTA AL SENADO
La implementación y funcionamiento de Fiscalías Rurales dependerá de un mayor presupuesto judicial

El Superior Tribunal de Justicia informó a la Cámara Alta que hasta tanto cuente con recursos suficientes y se resuelvan otras prioridades será poco probable poner en funcionamiento las Fiscalías Rurales y Ambientales. La legislación creó en total 68 dependencias judiciales, de las cuales hasta la fecha sólo 19 han podido implementarse.

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La Corte Provincial respondió de ese modo a un pedido efectuado por los integrantes del Senado de la Provincia de Corrientes, en el que solicitaban se evaluara la posibilidad de implementar, gradual y progresivamente, el funcionamiento de las Fiscalías Rurales y Ambientales, creadas por Ley N° 5691 en el año 2005.

Sin embargo, la implementación de estas dependencias requiere de un largo proceso de planificación que va desde concursos del Consejo de la Magistratura, concursos para secretarios y eventualmente para empleados. Se requiere también de inmuebles apropiados para su funcionamiento, equipamiento informático y automotores para desempeñar sus tareas específicas.

La escasez de fondos no es un dato menor: el Poder Judicial calculó la suma de 213.112.118 pesos en su proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos del 2008, asignándosele 171.556.000 pesos en la Ley de Presupuesto

En la misiva, el STJ señaló que -desde un punto de vista más amplio- habría que analizar la oportunidad de instrumentación de esas once dependencias teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados se tramita un proyecto de “Ley del Ministerio Público” que también prevé la creación de numerosas dependencias judiciales.

Por último, se recordó a los legisladores que a través de distintas normas legislativas ( leyes N° 5655/05, N° 5691/06, N° 5846/08 y N°5781/07) se crearon creado 68 dependencias judiciales, de las cuales sólo 19 fueron puestas en funcionamiento y 49 aún están pendientes.

Entre las primeras en Capital se encuentran tres Asesorías de Menores, tres Fiscalías de Instrucción, la Defensoría Oficial Penal, Defensoría de Pobres y Ausentes y el Juzgado de Ejecución de Condena; en Saladas: el Juzgado de Instrucción y Correccional, la Fiscalía de Instrucción y Correccional y la Defensoría Oficial Penal. En Mercedes: la Fiscalía de Cámara, la Defensoría de Cámara, la Asesoría de Menores y la Cámara en lo Criminal. En Paso de los Libres: la Fiscalía de Instrucción y Correccional, Juzgado de Instrucción y Correccional N°2 y la Defensoría Oficial Penal.

Las dependencias judiciales pendientes en Capital son: la Cámara de Apelaciones, dos Juzgados Civiles y Comerciales, un Juzgado de Familia y otro de Menores, Fiscalía Rural y el cargo de Fiscal Coordinador de Fiscalías Rurales, la Cámara Contencioso Administrativo y Electoral, dos Juzgados Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Tutelares, la Curaduría de Penas y Medidas de Seguridad y Tutelares; en Santa Rosa: un Juzgado de Instrucción y Correccional, un Defensor Oficial Penal, una Fiscalía de Instrucción y Correccional; en Saladas: Fiscalía de Cámara, Defensoría de Cámara, Cámara en lo Criminal, Fiscalía Rural, y en Bella Vista, una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Laboral.

En la segunda circunscripción judicial aún resta poner en funcionamiento un Juzgado Contencioso Administrativo y una Fiscalía Rural en Goya; en Santa Lucía un Juzgado de Instrucción y Correccional, una Fiscalía de Instrucción y Correccional y una Defensoría Oficial Penal; en Esquina una Asesoría de Menores y una Fiscalía Rural; y en San Roque, una Fiscalía Rural.

En la tercera circunscripción judicial el listado se amplía con una Asesoria de Menores, una Fiscalía Rural y un Juzgado en lo Contencioso Administrativo en Curuzú Cuatiá; y una Fiscalía Rural en Mercedes. 

En la cuarta jurisdicción las dependencias judiciales pendientes son una Defensoría de Cámara, una Asesoría de Menores, una Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Laboral, un Juzgado Contencioso Administrativo y una Fiscalía Rural en Paso de los Libres; y en Monte Caseros una Asesoría de Menores y una Fiscalía Rural.

En tanto que las oficinas que no han sido puestas en funcionamiento en la quinta circunscripción son un Juzgado Contencioso Administrativo, una Fiscalía Rural, y una Asesoría de Menores en Santo Tomé; un Juzgado de Instrucción y Correccional, una Fiscalía de Instrucción y Correccional, una Asesoría de Menores y una Defensoría de Pobres y Ausentes en Gobernador Virasoro; y una Asesoría de Menores y una Fiscalía Rural en Ituzaingó.

Los senadores que trataron en labor parlamentaria la misiva del STJ asumieron  el compromiso de incrementar el presupuesto para el Poder Judicial el año próximo.

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